Un decreto del Ministerio de Hacienda del gobierno golpista con sede en Burgos, ordenó la prohibición de la tenencia de papel moneda puesto en curso legal por el gobierno constitucional de la Segunda República. Según las actas del Banco de España investigadas por la Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista, la cantidad incautada se cifró en 3.500 millones de pesetas de la época, equivalentes al día de hoy a 5.300 millones de euros.