Un total de nueve organizaciones de trabajadores, empresas, sindicatos, científicos y usuarios se han unido para exigir al Gobierno que mantenga la competencia de los servicios sociales que actualmente ostentan los ayuntamientos ya que, según afirman, si se priva a las entidades locales de esta responsabilidad, 200.000 personas se quedarán sin asistencia y hasta 65.000 perderán su trabajo.