La banca ganará la partida, aunque no logrará todas sus pretensiones. El sector financiero reclamaba que unos 50.000 millones de créditos fiscales y de activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) que ahora están considerados como capital, lo sigan siendo en el futuro, cuando entre en vigor la nueva normativa considerada Basilea III, que obliga a descontarlas de los fondos propios.