La Administración española es una de las más opacas de los países avanzados. Una opacidad que permite escándalos como el del caso Palma Arena en Baleares, el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana y en Madrid o los ERE en Andalucía. El Gobierno ha decidido promover una ley para intentar acabar con esa larga tradición de secretismo sobre cómo se gasta el dinero público. Una norma, la ley de transparencia, que ya tienen casi todos los países de nuestro entorno, y que el anterior Gobierno tenía ultimada pero nunca se animó a aprobar.