La reciente apertura de juicio oral a Javier Krahe por un delito contra los sentimientos religiosos (artículo 525.1 del Código Penal) me ha hecho reflexionar sobre los peculiares límites de la libertad de expresión en España, y la forma en que afectan a los autores audiovisuales en un país en que la Iglesia Católica sigue teniendo un sitio preferencial en el ordenamiento jurídico. La separación Iglesia-Estado, desde el inicio de la democracia hasta nuestros días, ha seguido una progresión notable, pero aún queda mucho trabajo por hacer