FACUA exige al Gobierno la creación de un registro de empresas que abusan y defraudan a los consumidores. Considera inadmisible la opacidad de las administraciones públicas sobre las multas que imponen por ofertas engañosas, cláusulas abusivas, incumplimientos contractuales y otras irregularidades. ¿Será una realidad, o quedará en utopía?