Éste es el primero de los espacios escénicos que pueden desaparecer después de que el Ayuntamiento cambiara en 2012 el PGOU para permitir usos no culturales. La inmobiliaria pide 2,7 millones y cifra en 26 las viviendas que podría acoger el inmueble, que debe conservar sólo sus dos fachadas y el patio central.