Detrás de esta pregunta hay un aspecto rara vez considerado y muy relevante: el salario de un trabajador no es lo que éste cobra, sino lo que paga la empresa que, en general, supone cerca del 35% de lo que finalmente percibe el trabajador. La diferencia "alimenta" el gasto público. El autor propone que la reducción salarial se haga sobre este 35%, lo que promovería la creación de empleo, el ahorro y el consumo.