Un año después de que se sentaran a negociar por vez primera en la misma mesa, el sector cultural y las operadoras han llegado a un acuerdo que abarca el 95% de cómo regular el intercambio no autorizado de música, películas y videojuegos. En el 5% restante, sin embargo, reside la parte más controvertida de un plan que, más que en los internautas, se centra en la persecución de las webs que permiten las descargas.