Arkansas, Carolina del Norte y del Sur, Maryland, Pensilvania, Tennessee y Texas tienen leyes para impedir que los ateos accedan a cargos públicos. Esas normas no se llevan hasta sus últimas consecuencias por la supremacía de la Constitución de Estados Unidos, cuyo Artículo 6 establece que "nunca se exigirá una declaración religiosa como condición para ocupar ningún empleo o mandato público"; pero los conservadores recurren a ellas para iniciar largas y costosas batallas en los tribunales contra los ateos que aspiran a un cargo público.