Mientras el SUP y la AUGC creen que la ley supondrá "privatizar la seguridad pública", generar descoordinación y convertir a los vigilantes de seguridad en "policías baratos en sueldo y en formación", la CEP ha señalado que es "tajantemente mentira" que los vigilantes privados puedan detener en la vía pública. Eso sí, ha pedido al Gobierno que apueste más por la seguridad pública que por la privada. (...)