El contenido de los ocho mensajes encaja en la parte de la investigación judicial que trata de determinar si Urdangarin, en connivencia con Torres, utilizó a su sobrino Jan Gui -hijo de Carlos Gui- y a otros miembros de la familia para dar de alta en la Seguridad Social a casi una decena de personas, a las que se pagaban salarios de entre 400 y 600 euros por no hacer nada, y también planeaban cómo beneficiarse con ello de un período más largo de cobro de la prestación por desempleo