El gobierno ha proporcionado una pronta respuesta, la de la necesidad de que los sindicatos mitiguen al máximo los perniciosos efectos sobre el conjunto de trabajadores señalados, olvidando tal vez que el tamaño de la actual de la compañía telefónica no es ni mucho menos parecido a la época de su privatización, cuando solo competía en el mercado español. ¿Creen ustedes que son legítimas dichas pretensiones?