España, considerada pionera en el fortalecimiento de la justicia universal y en especial de la protectora de los derechos humanos, está a punto de dar un paso atrás en la materia. Activistas y juristas alertaron sobre el proyecto restrictivo que el gobierno presentará este jueves en el parlamento. En caso de aprobarse como lo anticipa la posición unánime de los partidos mayoritarios, no podrían repetirse acciones como la dirigida por el juez Baltasar Garzón en 1999, que permitió detener en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet.