Para afrontar este reto de una manera que no sea estéril por definición hay que hacer un esfuerzo y elevarse por encima de derecho constitucional español. Es obvio que la Constitución española de 1978 no establece el derecho a la secesión, contrariamente a lo que sucedía con la Constitución yugoslava de 1974 o la soviética de 1977. Si el debate se limita a constatar que la Constitución no permite lo que muchos ciudadanos catalanes reclaman no merece el nombre de debate.