Un informe del Defensor del Pueblo resalta la pasividad del equipo de gobierno a la hora de restituir la legalidad urbanística. El pasado año, el Consistorio, abrió 400 expedientes por otras tantas infracciones. Incluye las obras ilegales en una finca de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz "donde los servicios municipales no sólo no persiguieron la infracción urbanística cometida, sino que se prestaron a dar la apariencia de legalidad de las obras".