Los cuatro presuntos torturadores podrían ser detenidos en cualquier momento si cruzan las fronteras del Estado español, pero con la ley en la mano también deberían ser detenidos por la Policía española, los Mossos o la Ertzaintza. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, se ha negado a hacer declaraciones en torno al caso, alegando que se trata de una actuación judicial.