Las empresas Repsol-YPF, de España; Shell, de Holanda e Inglaterra, los bancos BBVA, HSBC y Santander, la empresa de energía Unión Fenosa y las de telecomunicaciones Telecom Italia y Telefónica están entre las condenadas. El Tribunal Permanente de los Pueblo pidió que los Estados y gobiernos de América Latina y del Caribe "garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados".