Las alarmas saltaron en julio de 2013 en la sucursal de Bankia de la calle Martínez Izquierdo, cerca de la madrileña plaza de toros de Las Ventas. Una mujer acudía cada mes a cobrar la pensión de jubilación por invalidez de un hombre que llevaba décadas sin pasar por el banco. La razón, según la señora, era que su estado físico le impedía desplazarse hasta allí y le había dado permiso para hacerlo ella en su nombre.