[C&P] Un marroquí que reside en la provincia de Cáceres ha sido origen de polémica entre la Justicia y la Administración del Estado. Según la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y el abogado del Estado, no se le debería dar la tarjeta de familiar comunitario al tener antecedentes de haber cometido un delito de homicidio. Según dos tribunales hay que darle una segunda oportunidad.