"El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, ha tenido que dar marcha atrás con un contrato público para cubrir los servicios del 016 porque vulneraba directamente el principio de igualdad de género. Una de las empresas concurrentes denunció ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que en los pliegos existía una discriminación por razón de género, ya que se exigía que el personal adscrito fueran mujeres y no varones".