La crisis económica se ha convertido en una importante fuente de financiación para las centrales sindicales que, a través de sus asesorías jurídicas, cobran un porcentaje sobre las indemnizaciones que recibe cada uno de los trabajadores obligado a abandonar su empresa a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). CCOO y UGT estarían ingresando actualmente entre el 5 y el 10 por ciento del coste del despido.