La primera palabra la tuvo el abogado de la acusación de ADADE, Mariano Benítez de Lugo, que mostró su rechazo al privilegio que se dio al presidente: “Con cuestión previa, quería manifestar mi protesta por colocar al testigo en una posición que solo pueden ocupar fiscales, magistrados, letrados y secretario. Eso supone una vulneración de lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Supone un privilegio indebido que no debería haberse otorgado ya que el testigo declara como ciudadano y no como presidente del Gobierno”.