Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el Gobierno apruebe en el plazo de tres meses un proyecto de ley que introduzca reformas legales para evitar contratos públicos como los investigados en el 'caso Gürtel' en Madrid y Valencia o los controvertidos informes encargados por la Generalitat de Cataluña a personas ajenas a la administración pero próximas a las formaciones del tripartito.