Mucho y muy mal se ha hablado sobre la política de “dispersión de presos” en relación con las personas condenadas por la comisión de delitos de terrorismo, concretamente relacionadas con ETA. Para ser rigurosos, esta denominación no solo no refleja la situación jurídica de los afectados por tal medida política, sino que simplifica las consecuencias de lo que ello significa desde el punto de vista humano. En efecto, no se trata tanto de “dispersión” cuanto de “alejamiento” de los presos con respecto a su lugar de residencia social o familiar.