Coste cero para las administraciones, importantes ahorros en servicios de limpieza para los ayuntamientos y la creación de 14.000 puestos de trabajo en España. Estas serían algunas de las ventajas de establecer el SDDR en España, cuya implantación ha bloqueado el gobierno con un Decreto Ley. Tampoco costaría más a los fabricantes y envasadores y compensaría con 535 millones anuales a los comerciantes. Además, triplicaría los índices de recogida selectiva de envases del 35 al 90%.