Miles de niños y niñas se están quedando sin hogar por culpa de las ejecuciones hipotecarias que echan a sus familias de sus casas, arrastrando a toda la unidad familiar a vivir en precarias condiciones. Así, los menores se quedan desamparados por las leyes que deberían proteger sus derechos más básicos y por las insituciones públicas que deberían asegurarles una vida lo más normalizada posible junto a los suyos.