Yo te lo explico #44
Durante años, la Junta de Andalucía ha ido creando y engordando la llamada Administración Paralela. Al frente de ella, los enchufados de turno, personas allegadas al partido y a las órdenes del PSOE. Los trabajadores, contratados sin pasar por oposición (algunos enchufados también, otros muchos no). Esas empresas paralelas les permiten por ejemplo gastar a su antojo (no hay control financiero, el gasto que se realiza es totalmente opaco), y llevar a cabo acciones que los funcionarios no permitirían (os recuerdo que el funcionario está especialmente protegido para que el político de turno no le pueda coaccionar ni obligar a "firmar" cosas ilegales, cosa que obviamente el currito contratado sin protección alguna no puede hacer sin que su trabajo peligre).
La cosa ha crecido tanto que los juzgados, previa denuncia de sindicatos, han empezado a parar las llamadas encomiendas de gestión (esto es, la Junta delega determinadas gestiones publicas en la admón. paralela). Así que la Junta, aprovechando la coyuntura actual, se saca un decreto-ley por el que pretende legalizar toda la administración paralela (que ya es más grande que la propia administración), de tal forma que en el futuro los jueces no puedan parar las "ampliaciones del cortijo". Esta "legalización"/privatización encubierta pasa por convertir las numerosas fundaciones y empresas "públicas" en Agencias de diversa índole.
Por si fuera poco, el decreto ley fulmina los derechos de los empleados públicos (esto es, funcionarios, laborales de la junta, interinos y eventuales), haciendo que estos en determinadas ocasiones pasen a las agencias obligatoriamente como "empleados de empresa privada". Es decir, a partir de ese momento pueden ser despedidos (sin el más mínimo control ni justificación) por los jefes/políticos. Vamos, que se cargan de un plumazo la independencia de la administración frente al partido político de turno.
Protestamos como funcionarios: no queremos que se nos ningunee, que se nos manipule, y que se nos quiten derechos y trabajo para que ellos puedan perpetuar su cortijo. Pero también como ciudadanos: no queremos que el gasto se descontrole sin justificación, no queremos que la gestión pública pase a manos privadas, y no queremos que se instaure el enchufismo y el cortijeo.
Son más cosas, la verdad, pero creo que con esto te haces una idea. Puedes leerte este artículo para más información (es un poco tochazo): http://www.porandalucialibre.es/actualidad/actualidad-general/1489-max-estrella-seudonimo-de-un-ato-funcionario-de-la-junta-explica-las-causas-del-rechazo-al-decreto-de-reordenacion.html
#54, fijate si será chunga la cosa que cuando lo de la bajada de sueldo casi no hubo protestas, y ahora...
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Yo te lo explico #44
Durante años, la Junta de Andalucía ha ido creando y engordando la llamada Administración Paralela. Al frente de ella, los enchufados de turno, personas allegadas al partido y a las órdenes del PSOE. Los trabajadores, contratados sin pasar por oposición (algunos enchufados también, otros muchos no). Esas empresas paralelas les permiten por ejemplo gastar a su antojo (no hay control financiero, el gasto que se realiza es totalmente opaco), y llevar a cabo acciones que los funcionarios no permitirían (os recuerdo que el funcionario está especialmente protegido para que el político de turno no le pueda coaccionar ni obligar a "firmar" cosas ilegales, cosa que obviamente el currito contratado sin protección alguna no puede hacer sin que su trabajo peligre).
La cosa ha crecido tanto que los juzgados, previa denuncia de sindicatos, han empezado a parar las llamadas encomiendas de gestión (esto es, la Junta delega determinadas gestiones publicas en la admón. paralela). Así que la Junta, aprovechando la coyuntura actual, se saca un decreto-ley por el que pretende legalizar toda la administración paralela (que ya es más grande que la propia administración), de tal forma que en el futuro los jueces no puedan parar las "ampliaciones del cortijo". Esta "legalización"/privatización encubierta pasa por convertir las numerosas fundaciones y empresas "públicas" en Agencias de diversa índole.
Por si fuera poco, el decreto ley fulmina los derechos de los empleados públicos (esto es, funcionarios, laborales de la junta, interinos y eventuales), haciendo que estos en determinadas ocasiones pasen a las agencias obligatoriamente como "empleados de empresa privada". Es decir, a partir de ese momento pueden ser despedidos (sin el más mínimo control ni justificación) por los jefes/políticos. Vamos, que se cargan de un plumazo la independencia de la administración frente al partido político de turno.
Protestamos como funcionarios: no queremos que se nos ningunee, que se nos manipule, y que se nos quiten derechos y trabajo para que ellos puedan perpetuar su cortijo. Pero también como ciudadanos: no queremos que el gasto se descontrole sin justificación, no queremos que la gestión pública pase a manos privadas, y no queremos que se instaure el enchufismo y el cortijeo.
Son más cosas, la verdad, pero creo que con esto te haces una idea. Puedes leerte este artículo para más información (es un poco tochazo): http://www.porandalucialibre.es/actualidad/actualidad-general/1489-max-estrella-seudonimo-de-un-ato-funcionario-de-la-junta-explica-las-causas-del-rechazo-al-decreto-de-reordenacion.html
#54, fijate si será chunga la cosa que cuando lo de la bajada de sueldo casi no hubo protestas, y ahora...