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Sucede cada vez más seguido. El consumidor que compra un dispositivo Android tiene que rezar para que su compañía, y el fabricante, decidan actualizar el sistema operativo. La falta de actualización quita funcionalidades al celular pero además pone en riesgo la seguridad de la información del usuario. En EEUU la ACLU, asociación que defiende las libertades individuales, demandó a las compañías de celular y exige una regulación simple que beneficie al consumidor
La respuesta corta es que tenes que ser un gobierno y pedirselo a Twitter ¿El problema? Qué es cada vez más común que esto suceda lo que representa una amenaza para las libertades individuales en la red. El caso testigo es Francia pero es cada vez más común que los gobiernos pidan este tipo de información.