El argumento de la Sala Penal del Tribunal Supremo para reducir en un año la prisión es que Pérez Sauquillo fue condenado en esta causa por delitos de prevaricación y malversación en concurso medial, por la concesión de un préstamo participativo a la empresa Fumapa. Según estableció la Audiencia de Sevilla, había actuado “de manera arbitraria, sin justificación y sin seguir los procedimientos establecidos, porque la empresa estaba en causa de disolución en esa fecha debido al deterioro progresivo del patrimonio y a la falta de liquidez”.