Por unas supuestas cuentas millonarias en Panamá y Luxemburgo. Aportaba como única prueba unas publicaciones en las redes sociales. La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Gijón se inhibió en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que decretó el archivo de la denuncia al carecer de fundamente alguno. Sin embargo, abrió una pieza separada de investigación al denunciante, al que ahora condena al pago de una multa de 4.000 euros, considerando que la denuncia al magistrado y al fiscal «no parece compatible con la buena fe.."