Parte de los explotados eran alojados en condiciones infrahumanas en casas propiedad de la organización. Pagaban hasta 3.000 euros para firmar contratos ficticios de trabajo para regularizar su situación. La investigación policial dio comienzo en el mes de noviembre del año pasado gracias a una información recibida desde la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga que advertía de la existencia de varias empresas del sector agrícola que estarían utilizando su actividad para ocultar la comisión de varios delitos.