En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo que restringía el traslado a los hospitales, 5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo. El Gobierno Ayuso no ejecutó ninguna de las tres alternativas que tenía ante el colapso de la red pública de hospitales: ni trasladó a los mayores enfermos al Ifema, ni usó la red hospitalaria privada para atenderlos, ni medicalizó las residencias.