Tras las cargas de la Guardia Civil en las inmediaciones Artieda, el año 2012, ocho personas, de las más de 150 que se encontraban allí concentradas de manera pacífica, protestando contra las expropiaciones que se están llevando a cabo para las obras del recrecimiento de Yesa, fueron imputadas por delitos de atentando a la autoridad con agravante de lesiones. El fiscal pide para ellos, un total de 36 años y 300 días de prisión y más de 22.000 € en multas.