La banca española mira de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), la misma corte que hace casi dos años tumbó el criterio del Supremo y ordenó la retroactividad de las cláusulas suelo y que ha cuestionado en varias ocasiones la normativa sobre ejecuciones hipotecarias, que está ultimando un pleito en el que se juega una factura de 9.000 a 10.500 millones de euros: es el dinero que, según algunas estimaciones, las entidades financieras habrían cobrado de más a los clientes en cuyos créditos aplicaban el IRPH...