Dos perjudicadas lo acusan, al igual que la Fiscalía, de haberles cobrado 76.000 euros por llevarles un pleito de una herencia, provocándoles una situación económica tan precaria que les obligó a tener que pedir un préstamo e incluso vender un piso. Según las denunciantes, personadas como acusación particular, durante el tiempo que duró la relación el abogado les facturó por conceptos «que solo existen en su imaginación».