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Los expertos legales como el ex presidente francés de la Corte Europea de Derechos Humanos (TJE), Jean-Paul Costa, y el ex juez de la Corte Francoise Tulkens de Bélgica tienen en un informe de las acciones del Gobierno español contra el independentismo catalán en términos de proporcionalidad y su compatibilidad con las normas internacionales Derecha marcada Wolfgang Chalet, fundador del Centro Europeo para constitucionales y los Derechos Humanos (ECCHR) y también miembro del grupo de expertos explicó en una conversación con el mundo joven y por qué estas cuestiones son importantes: "La discusión es siempre acerca de la legalidad o no legalidad de la secesión. Sin embargo, una gran parte de las medidas investigadas por el Estado español se llevó a cabo en el período previo a la llamada Declaración de Independencia. Tendría que haber más diferenciación legal ".

En nombre de la Izquierda republicana democrática social de Cataluña (ERC) analizaron los expertos, tanto las acciones de la Corte Constitucional español contra el trabajo de los diputados del Parlamento autonómico catalán y su procesamiento entre 2013 y octubre de 2017 un punto de vista puramente legal. Encontraron serias violaciones de legalidad y separación de poderes. Las disposiciones de la Corte Constitucional en Madrid, que se debaten en el Parlamento en Barcelona y lo que debe ser coordinada, así como el enjuiciamiento de los diputados, debido a la "desobediencia" eran "una grave violación de los derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión", dice el abogado. "Si me expreso como un político, periodista o activista por la independencia de Cataluña, y el dar conocida en artículos de prensa, en manifestaciones, reuniones o como una solución política que no puede ser castigado", dice Kaleck.

Los expertos también evaluaron la detención de los miembros del gobierno y la imposición de multas de hasta 12.000 euros a diario desproporcionada para la preparación de la consulta 1 de octubre de 2017 y el enjuiciamiento de los políticos catalanes para organizar el plebiscito no vinculante el 9 de noviembre de 2014. Debido a esto último, por ejemplo, al ex primer ministro Artur Mas se le prohibió tomar un cargo público durante dos años. Además, fue condenado a pagar una multa de varios millones de euros. Esto no es legal, de acuerdo con los abogados, porque la organización de un referéndum o referéndum no es un delito según la ley española. De particular preocupación fue el enfoque del Tribunal Constitucional para tomar sus propias decisiones como base penal para el enjuiciamiento de los políticos, aunque los presuntos delitos en el derecho penal español no existían. El Tribunal Constitucional "tiene un papel político y legislativo para unir a España", dijo el informe. Esa fue una clara violación de la separación de poderes.

Hasta 900 ciudadanos y políticos catalanes están siendo enjuiciados por España por su apoyo no violento a la independencia de su país. Anna Gabriel, ex miembro de la "Asamblea del Pueblo" (CUP) de izquierda, huyó a Suiza porque no espera un juicio justo en España. El abogado británico Ben Emmerson trajo a la ONU el encarcelamiento de meses de políticos y activistas catalanes.

Sin embargo, Kaleck considera que los tribunales internacionales son demasiado tediosos. Dado que hay que hablar de cientos de infracciones del estado español, no hay necesidad de una acción por los estados y las instituciones de la UE: "El gobierno español puede no en una reclamación mano para actuar en nombre de la unidad europea, y luego por el otro lado, lo que constituye Europa, a saber, una Estándares legales mínimos, ignore. Considero que es un deber de las instituciones europeas defender el cumplimiento de los derechos fundamentales europeos ".