Accionistas minoritarios y no minoritarios de Banco Popular estudian denunciar por la vía civil, “la más rápida”, a la Junta Única de Resolución europea (SRB por sus siglas en inglés) y al Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria (FROB) español, así como la posibilidad de iniciar arbitrajes de protección de inversiones contra el Estado español por parte de inversores extranjeros cuyos títulos valores han sido “confiscados”.