La Agencia Española de Protección de Datos, ante las consultas recibidas por parte de ciudadanos sobre su designación como miembros de las mesas electorales en la votación ilegal prevista para el próximo domingo 1 de octubre en Cataluña, advierte de la posible infracción de la normativa en la que podrían incurrir los integrantes de las mismas en el caso de que tratasen y cediesen datos del denominado censo electoral catalán. Las multas oscilan entre los 40.000 y los 300.000 euros.