He dicho y escrito varias veces, en los treinta años que llevo firmando esta página, que si en España hubiese un juicio de Nuremberg sobre crímenes contra la Educación, o sea, un ajuste de cuentas con los responsables del disparate en que se han convertido nuestros colegios y universidades, faltarían sogas para ahorcar a tantos presidentes de gobierno, ministros y consejeros autonómicos del ramo que serían declarados culpables.