Airbnb responde a la amenaza de una súper multa de 600.000 euros por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que acusa a la compañía de anunciar pisos turísticos ilegales. Desde la puntocom denuncian que el consistorio barcelonés, liderado por Ada Colau, promueve “una regulación arcaica” y añaden que el Ejecutivo municipal vierte falsedades sobre la manera de operar del negocio.