Parece que la petición que Airbnb y otras empresas del consumo colaborativo lanzaron al gobierno catalán a finales del año pasado no ha ido a buen puerto. La Generalitat de Cataluña se convierte en el primer organismo europeo que sanciona económicamente a Airbnb, concretamente con 30.000 euros que es la máxima cantidad que permiten las leyes catalanas.