Quizá a estas alturas convendría recordar que la principal diferencia entre un Estado auténticamente democrático y un Estado autoritario no estriba solo en el carácter electivo de sus gobernantes sino en el hecho de que en un Estado democrático los gobernantes no solo se encuentren sometidos a la Ley, exactamente igual que el resto de los ciudadanos, sino que además tienen el deber específico de hacerla respetar y garantizar su cumplimiento. Dicho de otra forma, en una auténtica democracia nadie está por encima de la Ley.