Las acusaciones pública y particular solicitan su inhabilitación por espacio de quince meses y dos años, respectivamente a causa del no cumplimiento de un fallo judicial que ordenaba al alcalde , «bajo su directa y personal responsabilidad» y en un plazo de tres meses, ejecutar la demolición de unas obras de rehabilitación y a reconstruir los elementos protegidos ilegalmente demolidos o modificados.