En relación con el anuncio de la adhesión de España al procedimiento de la Corte Internacional de Justicia expongo algunas cuestiones para que al menos sepamos de qué estamos hablando. El Estatuto contempla dos vías para que los Estados se adhieran a este procedimiento en los arts. 62 y 63. El art. 62 indica que si un Estado considera tener un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión de la Corte, podrá intervenir. [...] lo cierto es que el debate sobre si España se suma o no a la demanda de Sudáfrica no tiene sentido.