La mujer y la hija, nacida en Andorra, deberán abandonar el país antes de dos meses. El Gobierno ha pedido que se vayan después de que el marido esté procesado por un delito de abuso de menores. La familia está a cargo del hombre, quien ha perdido el permiso de trabajo. Como la esposa tiene una discapacidad por la que cobra 400€ mensuales del CASS, el Tribunal estima que no es suficiente para vivir en Andora y por tanto tienen que irse. A la niña ya no la dejaron escolarizarse, mientras que una segunda hija ya emancipada, podrá quedarse.