Se trata de una demanda judicial por la vía civil al ser un contrato de adhesión entre un particular y Lazora. La base jurídica de la denuncia es que el contrato no estuvo firmado entre dos particulares, sino que la arrendataria “se vio forzada a firmarlo sin ninguna posibilidad de negociación previa”. La defensa pretende demostrar que las 10 cláusulas incluidas “son ilegales y atentan contra el derecho del consumidor y contra el derecho a la vivienda”.