Ni la Policía, ni el fiscal, ni la jueza de instrucción son capaces de explicar por qué no se investigaron las llamadas entre una de las tres condenadas por el asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y un asesor del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Llamadas diarias que no se interrumpieron ni el día antes del crimen,