Rodero, ya exsecretaria local, y sus colaboradores llevaban meses soportando el ninguneo de la Ejecutiva regional y del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León. Señalan a los diputados Pablo Fernández e Isabel Muñoz detrás de una “campaña de difamación”. Denuncian que contratos de dicho grupo en la Cámara autonómica recayeron en miembros de la dirección regional del partido.