A pesar de la indiscutible y progresiva secularización de la población española, el poder de la iglesia católica no hace sino aumentar en todos los ámbitos. Sus sectores más reaccionarios han logrado de facto invalidar el artículo 16.3 de la Constitución que consagra la aconfesionalidad de nuestro país y han frenado todas las tentativas de avance hacia unas relaciones iglesia-estado acordes con los sentimientos reales de la sociedad.